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CADIZ. MEDIO AMBIENTE DERRIBA LA CASA RURAL DE TAVIZNA CONSTRUIDA EN EL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA.


Cádiz.-Medio Ambiente derriba la casa rural de Tavizna construida en espacio protegido del Parque Sierra de Grazalema

   La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz procedió hoy a la demolición de la casa rural ubicada en Tavizna, en el municipio de Benaocaz (Cádiz), después de que el pasado mes de diciembre una concentración de vecinos colocase numerosos vehículos frente al acceso a la construcción e impidiese el acceso a las máquinas.

   En un comunicado, la Junta explicó que agentes de Medio Ambiente y 30 efectivos de la Policía Autonómica asistieron a la ejecución del derribo. La vivienda, de dos plantas, estaba construida en espacio natural protegido dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema y afectaba a una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.

   Con el derribo de esta vivienda son ya siete las demoliciones llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz desde principios de 2008. Dos de ellas se refieren a casas del municipio de Tarifa ubicadas en espacio protegido del Parque de los Alcornocales, otras tres construcciones en El Palmar (Vejer de la Frontera) por ocupar zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre y una última vivienda en Chipiona por esta misma razón.

   Según la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, "nuestro objetivo es hacer cumplir la legalidad medioambiental actuando contra todas aquellas construcciones y ocupaciones ilícitas en los montes públicos, zonas de servidumbre de protección y espacios naturales protegidos" y subrayó que serán "tajantes" en la aplicación de esta política.

   La construcción de la vivienda demolida hoy comenzó en septiembre de 2001, fecha en la que fue denunciada por los agentes de Medio Ambiente. En marzo de 2006 se dictó resolución definitiva en la que se imponía al propietario la obligación de restituir el terreno con la demolición de lo construido. Al no cumplir la orden de derribo, la Consejería de Medio Ambiente actuó de forma subsidiaria para restaurar la legalidad, si bien los costes, que ascienden a unos 98.000 euros, tendrá que pagarlos el infractor.  

   Finalmente, aclaró que la Delegación Provincial de Medio Ambiente cuenta con autorización judicial para llevar a cabo el derribo, así como con la resolución administrativa firme del expediente sancionador por infracción a Ley de Espacios Protegidos.  

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