LAURA MILLÁN. El grupo Grema-Ecologistes ha puesto de manifiesto que el comienzo de las obras de explanación del campo de golf en el PAI del Sabinar suponen "graves irregularidades de procedimiento" e implica una "maniobra" del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para evitar la protección del Sabinar, Penyes Roges y de la Cañada Real que atraviesa la zona, en el nuevo Plan General de Ordenación.
El colectivo alega que el Ayuntamiento notificó la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y reparcelación con nueve días de retraso y que las obras comenzaron nada más estar aprobado, por lo que se desestimaron todas las alegaciones presentadas. Así pues, afirman que "supone una situación de irregularidad empezar las obras cuando no se ha cerrado el plazo de recursos administrativos, ya que cualquier ciudadano debe tener la posibilidad de presentar un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. Aunque ningún recurso podrá evitar el daño que se ha hecho ya sobre el patrimonio cultural y medioambiental que los movimientos de tierras para la explanación del campo de golf han provocado".
El grupo ecologista insiste en que el PAI afecta directamente a elementos del patrimonio cultural como ocho minas de extracción de ocre, una casa-cueva de pastores trashumantes asociada a la vía pecuaria y un puente sobre un pequeño barranco.
Por su parte, el servicio de Patrimonio de la Generalitat indica que no tenía constancia de la existencia de estos bienes y que deberían haber sido comunicados en el estudio de impacto ambiental. Así pues han asegurado que iniciarán las acciones necesarias para aclarar los hechos, poniéndose en contacto con el Ayuntamiento de San Vicente.
El grupo ecologista Maigmó ha destacado también, que el campo de golf que se ha empezado a construir, atraviesa una cañada real, por lo tanto es totalmente incompatible la preservación de los valores ambientales y culturales de la zona. El proyecto actual mantiene la propuesta de urbanización original a pesar de que ésta ya fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto los ecologistas exigen que no se favorezcan sólo los intereses privados de una mercantil y que "las administraciones públicas admitan que el proyecto es indefendible desde el punto de vista legal".