EL ARZOBISPADO SI TIENE LA LISTA DE CAMINOS

Desde Valle de Manzanedo, el sacerdote que se ocupa de atender los 40 pueblos del entorno, Juan Miguel Gutiérrez, ha explicado que el Arzobispado «tiene la ermita de San Román en Fuentehumorera en su listado de bienes a revisar -al igual que otros muchos puntos de la provincia-, para proceder a su revisión y el peritaje de su estado, «y en caso de que finalmente se certifique que son de la iglesia, proceder a su registro», explicó. «Labor en la que, además de contar con sólo una persona para ello, se priorizan los lugares en uso, aunque eso deje relegados templos que, a pesar de su importancia pasada, hoy están en ruinas», añade.

Gutiérrez quiere zanjar así la polémica nacida estos días tras la reunión del Comité Territorial de Seguridad del Patrimonio, el cual cuenta entre otros miembros con representantes de la Subdelegación de Gobierno, la Junta, el Arzobispado -entre ellos el propio Gutiérrez-, y la Guardia Civil. Tras ella, algunos de ellos pidieron en Villarcayo a sacerdotes, alcaldes y vecinos que ayuden a velar por el patrimonio existente en las iglesias y ermitas rurales. «Ya que su ubicación remota o la falta de uso, así como la imposibilidad de poner alarmas al no contar muchas de ellas con líneas de electricidad cercana, dificultan su vigilancia», argumentaron.

reproches en el valle

Sin embargo, dicha petición dio lugar a algunos reproches desde el valle. Fue el caso de la ex concejala del PP, Margarita Pérez, quien remitió un escrito reprochando que «inviten a los demás a preocuparse por el patrimonio, cuando la iglesia se permite contar con bienes que ni siquiera tienen registrados, e incluso que éstos permanezcan en fincas privadas, lo que impide que puedan ser visitados».

Pérez aludía al caso concreto de la ermita de San Román en Fuentehumorera que, como explica, a pesar de quedar apenas unos restos en pie es conocida y querida en la zona. «Y sin embargo no puede visitarse al estar en una finca privada, a cuyo dueño se le ha permitido incluso vallar la parcela cerrando así caminos públicos».

Proceder por el que, como recuerda, ya fue denunciado en 2012 dicho propietario así como la alcaldesa de Valle de Manzanedo por permitirlo. Proceso que hoy sigue su tramitación tras hallar la Fiscalía este otoño, «indicios de delito en dicho cierre de una veintena de caminos públicos», recuerda Pérez.

Por ello, pide al Arzobispado que regularice la situación de la ermita y la registre como bien eclesiástico, así como las 6 fincas de su entorno -y que hoy no aparecen catastradas-«para evitar que éstas puedan terminar siendo también privadas».

Desde el Arzobispado, Gutiérrez explica que el estudio de ermitas y templos «sigue su curso y las que sean de la iglesia se irán registrando, porque no queremos que se nos meta en medio de lo que creemos es, en verdad, una pelea política

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