EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECRIMINA A LA CONSEJERIA SU INCUMPLIMIENTO EN VIAS PECUARIAS

El Defensor del Pueblo de Andalucía recrimina a la Junta de Andalucía el abandono de las vías pecuarias

El Defensor del Pueblo de Andalucía ha emitido una resolución, respondiendo a una queja de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en la que critica varios aspectos de la política de la Junta de Andalucía con las vías pecuarias.

En primer lugar, critica la supresión de los deslindes, y por ende, del Plan de Recuperación de Vías Pecuarias, desde 2014. Critica también que los fondos existentes actualmente se dediquen fundamentalmente a puertas verdes y a infraestructuras para vehículos agrícolas, dejando al margen lo que debería ser la política fundamental de la Junta: la recuperación de las vías pecuarias al patrimonio público.

El Defensor del Pueblo le recuerda a la Junta que es la garante de las vías pecuarias, y cuando un ciudadano se encuentra privado de su derecho de paso debe conocer cuáles son las medidas que debe tomar para que se restituya ese derecho, y la Junta de Andalucía darle un plazo razonable en que tomará medidas para conseguirlo. Cosa que ahora mismo no ocurre, ya que de hecho la Junta de Andalucía deja en la indefensión a los ciudadanos.

También pide que se reconsidere la modificación de trazado de la Vereda del Salto de la Trocha (sobre la que tiene un recurso judicial Ecologistas en Acción) y que se elimine la normativa que restringe el tránsito por las vías pecuarias del Parque Natural Sierra de Andújar.

Finalmente, recomienda que se complete el diagnóstico de la situación actual, y que se publique en Internet ese diagnóstico, sabiendo los ciudadanos en qué situación se encuentran sus vías pecuarias.

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos exige que la Junta de Andalucía tenga en cuenta estas recomendaciones, y que deje de tener olvidadas a las vías pecuarias. En los últimos meses el Consejero ha realizado algunas declaraciones en ese sentido, pero queremos que esas declaraciones se traduzcan en medidas concretas sobre las decenas de vías pecuarias cuya usurpación tienen denunciadas las asociaciones defensoras de los caminos y vecinos particulares. Ello no es un problema de coste, ya que muchas de ellas tienen realizado el trabajo de deslinde. Más bien es una consigna política de abandono de las vías pecuarias, incumpliendo el deber de proteger el patrimonio público, para tácitamente proteger los

 

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