Los hechos a los que se refiere el auto del fiscal, que ha sido remitido al Juzgado Mixto número 3 de Dénia, se remontan a febrero de 2004 cuando el equipo de gobierno (PSPV-BNV), decidió vender un camino catastral a una empresa, Construcciones Conca, con lo cual podía completar los metros cuadrados que necesitaba para poder levantar un bloque de apartamentos en Les Marines, a la altura de Nova Dénia.
El camino, de 240 metros cuadrados, se vendió a la citada empresa por 38.317 euros, en un acuerdo adoptado por la Junta Local de Gobierno el 25 de febrero del citado año.
Los portavoces de los grupos de la oposición en aquella época, Ana Kringe (PP), Miguel Llobell (Gent de Dénia) y Juan Sancho (PSD), decidieron en mayo de este año, "tras meses de investigaciones" poner los hechos en conocimiento del fiscal, ya que a su entender, la venta directa de ese camino público debería haber salido a "subasta" y además consideraron que se vendió a un precio inferior del que marca el mercado.
Ahora, el juez de Dénia ha decidido citar a los tres portavoces municipales que presentaron la denuncia y a los tres denunciados para esclarecer si se ha producido algún tipo de "prevaricación administrativa".
El camino ya ha desaparecido y sobre el mismo se levanta un bloque de apartamentos, aunque el mismo día en que presentaron la denuncia, Kringe, Llobell y Sancho, declararon que su iniciativa no iba contra la citada empresa, aunque casualmente también ha realizado obras públicas en la ciudad, como la del trinquete municipal, según comentó entonces el concejal popular Vicente Chelet.
Fue el mismo Chelet el que señaló que lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento era "haber sacado a subasta pública la venta del camino o haber invitado a la empresa a presentar un programa urbanístico que hubiera permitido recolocar el vial o compensar su desaparición de alguna forma".
La primera ocasión en que estos hechos se dieron a conocer a la opinión pública fue en septiembre de 2007, a través del portavoz de El Verds, Toni Roderic. En su opinión, la venta directa de ese camino fue un "negocio redondo" para la empresa, pues "de una parcela donde sólo se podían construir chalés, con el camino consiguió 3.000 metros cuadrados y la edificabilidad pasó de 750 metros cuadrados de techo a 1.800, por lo cual multiplicó por cuatro el valor de la parcela".
La ex alcaldesa y actual portavoz del PSPV, Paqui Viciano, que ya presentó una denuncia contra los denunciantes por un presunto delito de calumnias cuando conoció que habían acudido al fiscal (luego se archivó), reiteró ayer que todo el procedimiento de la venta del camino fue "legal".
Viciano explicó que el camino catastral quedó desafectado implicitamente en el Plan General de Ordenación Urbana de 1990, con lo cual pasó a ser "una parcela sobrante" que se podía vender a los propietarios colindantes, "como así lo acreditan los informes jurídicos de Rosa María Mestre, el informe del topógrafo y el informe del arquitecto Rogelio Mira, que cuantificó el valor de la parcela sobrante". También recordó que el pasado 12 de junio remitió al fiscal "todo el expediente de la enajenación de la parcela sobrante, donde acreditaba la falsedad de los hechos denunciados en base a los informes anteriormente citados.
En su opinión, "no se ha producido nada nuevo de lo que ya conocíamos. El fiscal podía hacer dos cosas, o archivar la denuncia o escuchar a las partes, y ha decidido escuchar a las partes para esclarecer los hechos. Hoy en día la palabra imputado parece una cosa, pero la realidad es que nos cita porque somos una parte implicada, por eso reclamo públicamente nuestra presunción de inocencia".
Paqui Viciano confesó sentirse "muy tranquila", porque actuaron dentro de la más estricta legalidad, avalada por funcionarios públicos, entre los que se encontraba el secretario municipal, en aquel momento cargo ocupado por el Oficial Mayor". Finalmente, Viciano afirmó que "confiamos en la justicia y sólo esperamos que actúe con rapidez porque nos están haciendo un daño irreparable".
El Juzgado número 3 de Dénia todavía no ha fijado fecha para que las partes presten declaración, según informaron los implicados.
Tanto la actual alcaldesa, Ana Kringe como el edil Miguel Llobel (GD) apuntaron ayer que ellos se "limitaron a poner en conocimiento del fiscal unos hechos".