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INTERVIU PUBLICA UN REPORTAJE SOBRE TORILEJOS


A tiros por la verja

• Decenas de heridos, entre ellos niños y ancianos; una batalla campal entre los vecinos y más de 50 guardias civiles antidisturbios, diez tiros al aire en un bar… Una verja de una finca privada corta un camino vecinal, y eso tiene soliviantado a un pequeño pueblo cordobés.

Reportaje por: José Antonio AYUSO

Fotografías por: Javier VÁZQUEZ

01/10/07
Las nubes tupen el cielo amenazando lluvia sobre Posadas, pero eso no disuade a numerosos vecinos de dirigirse a la cancela de la discordia. El viernes 21 de septiembre hay mucha tensión en este pueblo cordobés de 7.000 habitantes. Ha corrido la noticia de que a los manifestantes les espera un fuerte dispositivo de seguridad, 150 guardias civiles antidisturbios. El nerviosismo se apodera de la gente. Pero, llegada la marcha a la verja, no hay ningún agente, ni siquiera los dos guardas jurados que cada día custodian la cancela. El alcalde del pueblo, Guillermo Benítez, del PSOE, lo explica a los vecinos: “He tenido que lidiar, asegurar al subdelegado del Gobierno que yo mismo y varios policías locales nos presentaríamos en la marcha para garantizar la seguridad. Por eso la Guardia Civil ha dado media vuelta cuando venía de camino para acá”.

Un clima de tregua se respira ahora en el pueblo, después de que se hayan registrado graves enfrentamientos entre guardias civiles y vecinos. Aún están calientes las chispas que saltaron el viernes 14, cuando familias enteras, con niños y abuelos, caminaban por el sendero de tierra del paraje de Tres Arroyos para protestar, como cada viernes desde hace un mes, por la cancela que les corta el camino. Son una verja y una puerta verde colocadas desde hace cuatro años en un camino público por los Sánchez Ramade, una poderosa familia andaluza dueña de grandes empresas, como la red de tiendas de electrodomésticos Urende y el Grupo Constructor Noriega.

Al final del camino está Tres Arroyos, una finca comunal municipal. Pero el sendero, que ha sido documentado como público, cruza una finca privada de los Sánchez Ramade. “Ya en noviembre de 2006 tuvimos problemas cuando cerraron la verja: Salvador Nieto, un ganadero de aquí, se quedó sin poder pasar con su ganado durante casi tres meses y nadie le daba solución”, explica Victorio Domínguez, miembro de la plataforma local A Desalambrar, que pretende dejar libres de verjas las vías pecuarias y caminos públicos que algunos latifundistas hacen suyos.

El viernes 14 de septiembre pasado a los manifestantes les esperaba una sorpresa: casi 50 guardias civiles protegían la cancela. Tras un rifirrafe entre varios miembros de la marcha y el teniente adjunto de la Guardia Civil que mandaba el despliegue, se desató una batalla campal. Los botes de gases lacrimógenos y las pelotas de goma volaban por las inmediaciones de la verja. Los porrazos caían en el lado de los vecinos; las piedras volaban a las cabezas de los guardias civiles. “Tan sólo nos defendimos. Llevábamos tres viernes consecutivos marchando a la verja sin ningún problema –relata Fernando Muñoz, jardinero y paisajista vecino de Posadas–. De hecho, Serafín Baena, uno de nosotros, siempre lo dice antes de salir: «Quien quiera palos que se quede en el pueblo». Hacíamos una marcha pacífica, como las de Gandhi. Además, había niños y ancianos. Y luego dicen que íbamos con ganas de gresca. Si hubiese sido así, ninguno hubiéramos llevado a los nenes”. La Guardia Civil de Córdoba no ha querido aportar su versión de los hechos. Francisca Carvajal y su marido, Francisco Arrianzo, son dos de los afectados de más edad en la reyerta. Tienen los dos 65 años. “Estaba a 50 metros tomando un bocadillo cuando lanzaron gases lacrimógenos –cuenta Francisca–. Me tuvieron que llevar urgentemente al Hospital de Córdoba con insuficiencia respiratoria, y tuve que ir otra vez hace dos días porque me asfixiaba. Ahora me dan ataques a menudo. Además, también me ha afectado a la vista y llevo dos semanas en tratamiento”.

La cosa no quedó ahí. El clima no se había calmado, ni mucho menos, después de la carga en pleno monte. Horas después, de madrugada, seis guardias civiles –tres de ellos de paisano– y el mismo teniente fueron al bar Campo de Tiro, de Posadas, en cuya terraza se habían quedado a cenar una veintena de ecologistas que provenían de la marcha. “Debían de ser las dos y media de la mañana. Yo estaba dentro preparando algo de comer cuando empecé a oír gritos –relata Manuel Adame, que regenta el bar–. Al salir me encontré con siete guardias pistola y porra en mano”. Este hostelero de 40 años tuvo que actuar rápido para tratar que los menores que cenaban con sus familias salieran ilesos: “Cogí a todos y los metí en un cuartito. Mi hija estaba entre ellos. Los guardias estaban rociando a los clientes con espráis’ de gas pimienta”.

Comenzó una segunda trifulca. Las sillas volaron de un lado a otro del bar. Algunos guardias civiles apuntaron con sus armas directamente al pecho de los ecologistas, según el relato de éstos. Se oyeron llantos y gritos, sobre todo cuando detuvieron a dos vecinos que habían ido a la verja: Serafín y Manuel Baena. De repente, al teniente, en un forcejeo con varios vecinos, se le cayó la pistola. El agente la recogió, se separó un par de metros de la gente y disparó al menos diez tiros al aire. Se hizo el silencio. Los guardias civiles se fueron precipitadamente.

Poco después, una patrulla del SIR (Servicio de Intervención Rápida) de la Guardia Civil detuvo a José Manuel Ferrera cuando volvía a su casa. Éste todavía tiene varias heridas y moratones en su cuerpo: “Me detuvieron con malos tratos. Hasta que me encerraron en el calabozo sólo hubo vejaciones y amenazas”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha calificado de “temeraria e irresponsable” la actuación del teniente, y ha pedido que se depuren responsabilidades, aunque matizando que “los agentes sólo se pudieron defender ante el salvaje ataque [de los vecinos]” y que “varios agentes sufrieron lesiones, uno de ellos una muy grave en un ojo”. El Ayuntamiento ha denunciado la “actitud desmesurada de las fuerzas de seguridad”. El juez de Córdoba Antonio Fuentes impuso a los tres detenidos, Francisco y Serafín Baena y José Manuel Ferrera, y otros tres vecinos –Francisco Santamaría, Eduardo Muñoz y Manuel Baena– una orden de extrañamiento de varios días que ha exaltado aún más al pueblo.

Según la documentación que maneja el Ayuntamiento de Posadas, la verja está sobre un camino público municipal. Portavoces de los Sánchez Ramade mantienen que la cancela es legal y que tiene los permisos pertinentes. Lo niega el alcalde: “La verja es ilegal y ya les hemos notificado que deben abrirla y desmantelarla”. Ahora más de 42 personas han denunciado a la Guardia Civil por la carga de hace dos viernes. La liza se ha trasladado a los tribunales.

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