«Estuvimos estudiándolo y al final hemos incluido una medida nueva que no se ha puesto en marcha y que se llama Gestión Sostenible de Superficies Forrajeras Pastables y Apoyo a los Sistemas Tradicionales de Pastoreo Trashumante», explica el secretario de la Consejería de Agricultura, Eduardo Cabanillas. A lo largo del mes de junio serán publicadas «las convocatorias para acogerse a esta medida» con la intención de resolverlas en este año, de tal forma que «el año que viene sería el primero de solicitud de pago para el pastoreo trashumante».
Se trata de una medida económica, para la que todavía no se ha destinado una cuantía. «Lo que haremos será tratarlo con las organizaciones agrarias antes de que salga la convocatoria porque habrá que justificar el importe de la prima», explica Cabanillas que entiende que lo que se ofrecerá «será una ayuda por hectárea». Esta solicitud depende del aprovechamiento del pasto que haga cada ganadero. Su concesión estará ligada a la mano de obra y al mantenimiento y regeneración de la superficie que se está utilizando en el pastoreo. «Esta regeneración la vamos a orientar a un aprovechamiento del pasto directamente por el animal evitando el daño que se pueda hacer», decía Cabanillas.
De esta forma, y con la puesta en marcha de esta medida agroambiental, la Administración regional satisface una histórica reivindicación de la organización agraria UPA, que recientemente ha reunido a varias decenas de ganaderos y especialistas en la materia. «Es imprescindible acometer un plan de reestructuración del sector», concluyeron antes de explicar que el objetivo es alcanzar un nivel medio de edad de los ganaderos y un número de animales suficientes para que las explotaciones puedan contemplar su futuro a largo plazo, y se acometan las inversiones necesarias para ello. De este modo, insisten, «también se facilitará la pervivencia de núcleos rurales de montaña». Creen que es necesario poner en marcha mecanismos adecuados de formación e información, y están convencidos de que el futuro del sector pasa porque el mercado «valore los productos de la ganadería trashumante y oferte un precio justo por ellos». Para ello, hace falta el desarrollo y la creación de una marca de identificación a través de toda la cadena alimentaria de la carne y los productos de la trashumancia.
Por otro lado, UPA cree que es necesario un «esfuerzo definitivo» para la erradicación de las enfermedades de saneamiento. Dicen que toda posible zoonosis debe ser erradicada para llevar la máxima seguridad alimentaria. «Consideramos que este esfuerzo debe realizarse teniendo en cuenta todos los perjuicios que provocan los positivos en los análisis, las obligaciones de sacrificio y de inmovilización, para lo que son absolutamente insuficientes los baremos de indemnización actuales», aseguran en sus conclusiones. Exigen un sistema único de gestión de todos trámites en el caso de la ganadería trashumante puesto que se complica al depender de Extremadura y Castilla y León. El secretario de la Consejería recordó que «estamos trabajando con Extremadura para conseguir que no se haga una limitación en el movimiento de los animales y llegar a unos compromisos entre ambas administraciones para garantizar el adecuado saneamiento ganadero».