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PARCELACIONES ILEGALES EN LA SIERRA DE CORDOBA


Medio millar de viviendas edificadas en plena Sierra carecen de alguna salida legal

Medio millar de viviendas edificadas en plena Sierra carecen de alguna salida legal

FRANCISCO J. POYATO.

CÓRDOBA. La tramitación del Plan Especial de Protección de la Sierra de Córdoba (Pepsc) va a reavivar un nuevo foco de polémica a razón del fenómeno de las parcelaciones ilegales, su impacto en un entorno protegido y la permisividad pública con la que han surgido. El avance de este plan -en un segundo nivel respecto del PGOU, pero equivalente al del Casco- elaborado por un equipo de profesores de la Universidad de Córdoba contratados por el Ayuntamiento revela que cerca de medio millar de viviendas carecen a todas luces de salida legal.

Se trata de casas que ni siquiera podrán acogerse a los planes de mejora del medio rural con el objetivo de reconducir su situación urbanística y ambiental con medidas que impidan más impacto o riesgos ambientales y de salubridad. Estarían en una especie de limbo ilegal, cuya salida va a depender de la mayor o menor mano dura que con este plan quiera ejercer el Ayuntamiento. Y los ecologistas ya le han dado el primer toque de atención en el periodo de alegaciones que se ha tenido que ampliar en dos meses: «Hay que ser más exigentes con las parcelaciones», han venido a decir.

Según el inventario de parcelaciones que este grupo de trabajo de la UCO ha realizado, en el ámbito del Plan Especial de la Sierra existen 24 parcelaciones edificadas en suelo no urbanizable. Entre todas consumen 1.542 hectáreas y aglutinan entre 1.400 y 1.660 viviendas, en su mayoría aplastante, segundas residencias con servicios en precario (pozos, fosas sépticas, sin alumbrado público ni accesos factibles…) y gran impacto ambiental.

De estas 24 urbanizaciones, ya contempladas en 2002 cuando se aprobó en primera instancia el PGOU de la ciudad y que han visto aumentar su extensión en 112 hectáreas durante los últimos cuatro años, tan sólo diez podrán acogerse a esos planes de mejora del medio rural. Su formulación y ejecución correrá por cuenta de los bolsillos de los residentes.

Se trata de El Negrete, El Melgarejo, Casilla del Aire, Las Siete Fincas; La Torrecilla-La Gitana; El Jardinito; Las Solanas del Pilar y Virgen de la Cabeza. Las dos que faltan son Gorgoja-II y Nueva Dehesilla del Hornillo, cuyos planes de mejora estarán sujetos a lo que diga la Consejería de Cultura, por estar dentro de la zona protegida de Medina Azahara.

En esta decena de parcelaciones, el avance del Plan Especial estima que existen más de 1.100 viviendas que albergarían a una horquilla de entre 2.500 y 4.000 residentes, si se toma una media de dos o tres personas por cada casa -se trata de segunda residencia de muchas familias con su principal morada en el casco urbano-.

Las catorce urbanizaciones restantes no podrán acogerse a estos planes de mejora del medio rural, según el texto en vías de tramitación. En ellas se han levantado unas 500 viviendas con las mismas características que las anteriores en cuanto a uso y servicios.

Por su ubicación geográfica de oeste a este en la Sierra, se trata de Castro Picón, El Puerto, El Salado; La Caballera Sur y Norte; Las Alberquillas; El Bañuelo; Alto Paso; El Altillo; El Cordobés; San Cristóbal; Rancho Blanco; Los Ballesteros y Rocas y Pino Alto. En el caso de San Cristóbal, hay pendiente aún el derribo de una vivienda ilegal decretado por los tribunales.

En estos casos, llama la atención cómo en los últimos cuatro años, y desde que ya fueron detectadas por el Ayuntamiento en el inventario previo al Plan General, ha crecido de forma considerable la superficie urbanizada en muchas de ellas. Tales son los casos de Las Alberquillas, que ha pasado de ocupar 32 hectáreas a 44 en este tiempo. O El Puerto (30% más de suelo) y San Cristóbal (22%). Los cálculos que se desprenden del trabajo de los investigadores de la UCO apuntarían un censo de entre 1.000 y 1.500 personas residentes en las viviendas, siempre teniendo en cuenta que se trata de segunda residencia.

Incendios.

Tanto estas urbanizaciones como las que pueden optar a quedarse como están a través de los planes de mejora del medio rural (son también ilegales, aunque reconducibles sin tantos derechos como las que se regularizan en estos momentos en la Vega) generan un listado de afecciones al medio resumidos en una decena.

Además de contaminar acuíferos, formar vertederos incontrolados, erosionar el suelo y talar la vegetación, el avance del Plan de la Sierra describe también el impacto paisajístico, la invasión de vías pecuarias o cauces fluviales. Pero donde se pone especial énfasis es en el riesgo por incendios que sufren estas personas, cuyas urbanizaciones incumplen la legislación forestal al carecer (salvo Siete Fincas) de planes de autoprotección.

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