PROPIETARIOS DE FINCAS DE MANACOR LLEVAN AL JUZGADO EL CATALOGO DE CAMINOS.


 

PROPIETARIOS DE FINCAS DE MANACOR LLEVAN AL JUZGADO EL CATALOGO DE CAMINOS.

Manacor (ABN).- Seis empresarios de Manacor que son propietarios de fincas rusticas-agrícolas y ganaderas en producción, se han personado en el juzgado de la ciudad para impugnar por vía judicial el actual Catalogo de Caminos Públicos de Manacor, en vigor desde 2001. Según los denunciantes, “el Catálogo en cuestión pretende que el Ayuntamiento obligue su cumplimiento, sin tener ningún tipo de rango legal y sólo siendo un proyecto orientativo e informativo sin avales profesionales contrastados, que no ha pasado por el filtro del Consell y sus equipos especializados, que es el organismo que tiene la tutela de la Ordenación del Territorio”.

Los letrados que representan ante la Administración de Justicia a las seis familias propietarias de las fincas agrícolas y ganaderas emplazadas en el término municipal de Manacor, han confirmado a  ABN que han interpuesto la demanda “porque el Catálogo está lleno de errores que no se corresponden con la realidad de las servidumbres, pasos, caminos, camadas y accesos públicos, lo que está provocando confusiones sobre titularidades y perjucios a los legítimos propietarios que son en definitiva quienes pagan los impuestos del terreno ahora cuestionado”.

Los mencionados propietarios de fincas aseguran en su escrito “que una vez que se admita a trámite la demanda judicial, pedirán al Ayuntamiento de Manacor y a sus servicios jurídicos y técnicos, que suspendan de forma cautelar el cumplimiento del Catálogo y la apariencia de obligado cumplimiento legal, hasta que exista una sentencia firme”.

Los denunciantes se sienten desprotegidos y amenazados, ante las diferentes campañas de la Plataforma Pro-Caminos Públicos Abiertos y los decretos de alcaldía a instancias de estos, ya que la mencionada Plataforma tienen el “Catálogo aprobado por el Ayuntamiento de Manacor en 2001 como si fuese la Biblia y una sentencia firme del Tribunal Supremo y sin embargo se trata de una promulgación carente de legitimidad y avalada por quienes no tienen las competencias ni rango profesional, sin pasar por el Consell ni los juzgados que aclaren los hechos del conflicto”.

Los demandantes reconocen abiertamente que “parte del Catálogo es completamente correcto y que muchos propietarios de fincas rústicas han invadido caminos públicos, pero no es menos cierto que los numerosos errores más de 100, fomentan la injusticia y obligan a una revisión profesional, dar traslado al Consell de Mallorca y que éste le de rango en el Plan Territorial una vez se realice el filtro de las alegaciones y las consultas de expertos”.

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