PROPIETARIOS DE TIERRAS EN ILLORA DENUNCIAN SU INDEFENSION ANTE LA LEY DE VIAS PECUARIAS


Propietarios de tierras en Íllora denuncian su indefensión ante la ley de vías pecuarias.

 

 Propietarios de fincas del término municipal de Íllora ( Granada ) han denunciado hoy la indefensión de la que dicen ser objeto con la aplicación, en sus terrenos, de la ley de vías pecuarias, que afecta en algunos casos a propiedades heredadas hace más de 200 años o a tierras recién adquiridas.

En rueda de prensa, los propietarios, que dicen representar a más de 150 personas en esa misma situación, se han considerado víctimas de una trampa y han demandado la nulidad del expediente por el que se deslindaron los terrenos al sostener que no fueron informados en su día de que esas tierras pasarían a dominio público, lo que llevó a algunos a comprar terrenos que deben pagar sin poder disfrutar.

En Íllora esta situación afecta a cinco cañadas reales y dos veredas, que suman 543 hectáreas, ha indicado uno de los afectados, Fernando Fernández, que ha criticado la inactividad de la administración en este asunto, que afecta a toda Andalucía.

Según ha explicado, para que una vía pecuaria se plasme sobre el terreno son necesarios dos actos administrativos: uno para declarar que esas tierras fueron en su día una vía pecuaria y otro para que se lleve a cabo el deslinde.

De resultas de ello, en Íllora fueron declaradas siete vías pecuarias (cinco cañadas reales y dos veredas), sin que, mantienen, se notificara a los propietarios, a alguno de los cuales la situación afecta a cortijos de más de cien años, a un molino datado en 1614 y a una balsa de riego de 3,5 millones de litros.

Croquis de posibles cañadas reales

Éste es el caso de José Luis Arévalo, que mantiene que todo parte de 1967, cuando un técnico del Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el Ayuntamiento de Íllora, diseñó con un croquis las zonas que creía podían haber sido cañadas reales en la época.

Por su parte, Ana Cuberos ha explicado que representa a la quinta generación de propietarios -por herencia- de unos terrenos afectados por la aplicación de la ley de vías pecuarias de 1995, y de otros que adquirió con posterioridad, en 2001, y que aún paga sin que fuera advertida de que años después dejarían de ser suyos.

La opción que les ofrece la administración es pagar un arrendamiento por esos terrenos, en los que esta propietaria tiene olivos que para poder explotar necesitaría autorización.

Según ha dicho, debería además entregar a la administración un porcentaje de la productividad de esos olivos.

Los propietarios han remitido entre julio y diciembre de 2007 escritos al Ministerio de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente solicitando la nulidad de los expedientes sin que hayan obtenido aún respuesta.

Piden además una reunión con la Consejería de Medio Ambiente para aclarar la situación.

Deja un comentario