20 años de la Ley de Vías Pecuarias
En 2015 se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley de vías pecuarias. Estos años deberían haber servido para tener un sistema de vías pecuarias en buen estado de conservación, sin embargo no es esta la situación.
Hilario Villalvilla Asenjo, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 84.
Hace 20 años fue aprobada la Ley básica estatal 3/95, de 23 de marzo de vías pecuarias, que nos ilusionó a todos. También hace 20-35 años que el Estado español transfirió las competencias en esta materia a las CC.AA. Transcurridos estos años ¿en qué situación nos encontramos? ¿Hemos avanzado todo lo que era necesario avanzar, o no?
Hemos perdido ya 40.000 km de vías pecuarias
Se repite hasta la saciedad que en el Estado español hay 125.000 km de vías pecuarias en 40 provincias (85% del territorio estatal) y 12 CC.AA. Pero en estos años se han hecho estudios que muestran que la cifra anterior no es real, pues se han perdido miles de kilómetros de vías pecuarias, que pocas CC.AA. se atreven a reconocer.
Según la Fundación para la Ecología y Protección del Medio Ambiente (Martín, Casas, Julio. 2002), de los 125.000 km de vías pecuarias con los que contábamos tan sólo nos quedan 85.000 km, habiéndose perdido ya 40.000 km (32%). Recordemos que esta Fundación estuvo trabajando con el editor de los 24 cuadernos de la trashumancia (ICONA y más tarde el Organismo Autónomo Parques Nacionales), y ayudó a estudiar al Ministerio de Medio Ambiente el recorrido de las 9 grandes cañada reales de la Corona de Castilla (las que formarán parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias), con un alto nivel de detalle, lo que aportó a la Fundación datos suficientes como para establecer la cifra de pérdidas de km de vías pecuarias aludida.
Las pérdidas varían en función de la CC.AA. En la de Madrid, y con datos del que fue Consejero de Economía y Empleo del PP, D. Luis Blázquez (las vías pecuarias en ese momento eran competencia de la citada Consejería), aportados al diario el País el 4 de junio de 1998, éste afirmó que de los 4.200 km de vías pecuarias que se pensaba existían en ese momento, 1.600 km (38%), “se encuentran ya invadidos”, imposible de ser recuperados.
Pensemos solamente en todas las vías pecuarias que discurren por la gran ciudad de Madrid y municipios del área metropolitana, y que suponen cientos de km perdidos por causa del crecimiento urbano; o vías pecuarias ocupadas o troceadas por potentes infraestructuras de comunicación (autopistas, autovías, vías férreas, etc.); o bien vías pecuarias que yacen bajo el vaso de los 13 grandes embalses existentes en la Comunidad de Madrid, caso de los 5 km de la cañada real Segoviana, a su paso por el embalse de Valmayor, irrecuperables.
A lo anterior hay que sumar los daños causados a la parte del sistema de vías pecuarias madrileño que todavía no ha sido borrado del mapa, al encontrarse afectado por cientos de concesiones de ocupaciones temporales dadas en estos últimos 20 años, cuyas continuas renovaciones las hacen permanentes. En las entrañas, sobre el suelo y vuelo de las vías pecuarias madrileñas se han, y se siguen construyendo, ductos (de gas o petróleo), tendidos eléctricos y telefónicos, aducciones de agua, colectores de evacuación de aguas residuales, etc. La Comunidad de Madrid no se atreve a dar cifras de lo que suponen esas alteraciones, sin embargo en Ecologistas en Acción hemos recopilado las resoluciones oficiales de información pública de las ocupaciones “temporales” entre mayo y diciembre de 2014 (8 meses) y el resultado es el siguiente: 25 solicitudes (3,12 solicitudes de ocupación por mes); 22 públicas y 3 privadas; 5 de ellas gasistas, 6 eléctricas, 12 vinculadas al agua y 2 a telefonía. Sumemos estas concesiones a las dadas en las otras once CC.AA. y tendremos una visión más realista de la alteración que sufre el sistema de vías pecuarias que nos queda.
Para finalizar no podemos olvidar que el gobierno de la Comunidad madrileña, del PP, tiene la deshonra de haber sido la única CC.AA. del Estado en desafectar 14,5 km de una vía pecuaria que forma parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias: Cañada Real Galiana (Ley 2/2011, de 14 de marzo). Sobre ese terreno se va a consolidar uno de los mayores guetos de población, sobre todo inmigrante, de Europa. Seres humanos necesitados de vivienda, trabajo, educación, sanidad e integración con el resto de la población, y no segregación y alejamiento del centro de la metrópoli, como así lo quiere el PP.
En Andalucía, en la presentación del programa de inversiones en vías pecuarias para el periodo 2001-2021 (27/03/2001), programa incumplido por el gobierno autónomo, se reconoció que de los 33.000 km de vías pecuarias que debieron existir en Andalucía, en esa fecha (2001) tan sólo eran recuperables 24.987 km, ya que el resto están ocupados por cascos urbanos (1.113 km), o carreteras y embalses (1.325 km), etc. Es decir, en Andalucía en 2001 se había perdido ya el 24,28% del sistema de caminos pastoriles. Aquí no acaba la cosa, ya que el propio gobierno andaluz reconocía que del sistema de vías pecuarias que quedaba el 76% se encontraba con diverso grado de ocupación (ductos, tendidos telefónicos y eléctricos, intrusiones laterales, etc.).
Andalucía, ha sido la única CC.AA. del Estado que ha reconocido de manera bastante explícita y con datos detallados, lo que se ha perdido y en qué estado se encuentra lo que queda. Sin embargo, y cuando veamos el cuadro de situación de clasificaciones, deslindes y amojonamientos, el gobierno andaluz no parte de los 24.987 km reales que le quedan para hacer los cálculos, sino de 34.045, cifra que ya no existe.
Aunque nos duela el gobierno autónomo más sincero, y más cobarde a la vez, ha sido el de la Rioja castellana, pues a la hora de aprobar el, si así puede llamarse, “Plan de Ordenación de las Vías Pecuarias” (aprobado el 27/07/2012. Resolución nº 226/2012, de 30 de julio), no tiene ningún temor ni vergüenza en decir de forma clara y contundente que va a desafectar en 10 años 2.142,6 km de vías pecuarias. Según el Gobierno de esta CC.AA. éstas no cumplen el papel de las vías pecuarias, al estar troceadas u ocupadas (agricultura, urbanismo,…). Esta apuesta implica que se perderá (bueno, se está perdiendo ya, pues el Plan está en vigor desde hace 2 años y medio) el 57,3% del sistema de vías pecuarias de esta CC.AA. Más claro agua.
El gobierno de Rioja castellana no muestra interés alguno en buscar soluciones a las vías pecuarias troceadas y a las que discurren por lo que el Plan llama “zonas de tensión (zonas agrícolas), en las que los agricultores han sustraído suelo público de las vías pecuarias. Para el Gobierno de La Rioja la “tensión” se rebaja, no sancionando a los ladrones de vías pecuarias, sino desafectando del dominio público las vías pecuarias usurpadas, dañadas o cerradas por los agricultores. Eso sí, el citado gobierno autónomo plantea la inclusión de las vías pecuarias en el Catastro para evitar picarescas ¡Entonces podemos dormir tranquilos los amigos de los caminos públicos! La desafección de vías pecuarias propuesta cuenta con el 40,26% del presupuesto total del Plan de Ordenación de Vías Pecuarias, todo un desatino.
Los cambios operados en la Ley 3/95 y sus desarrollos autonómicos
La Ley 3/95 y sus desarrollos autonómicos han sufrido cambios al haberse aprobado normas que las afectan. Con la aprobación de la “Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas”, se modifica el art.8.4 de la Ley 3/95, al establecer el artículo 36 de la ley 33/2003 la obligatoriedad de inmatricular las vías pecuarias en el Registro de la Propiedad.
En segundo lugar el artículo 31.1, 2, 3 y 4 de la “Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, ha modificado, a la baja, tres artículos de la Ley 3/95, (16, 17 y 21). Esta Ley es la adaptación del marco normativo del Estado español a la Directiva Servicios (2006/123/CE de 12/12/2006), que trata de “suprimir las barreras que restringen injustificadamente (¿?) el acceso y ejercicio de las actividades y servicios”. Una liberalización absoluta de determinados servicios que afectan negativamente a las vías pecuarias: “las actividades motorizadas y la ubicación de instalaciones desmontables”.
Con esta norma ya no hay que solicitar a las CC.AA. autorización para la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola por las vías pecuarias, se sustituye por una “Declaración Responsable”. Tampoco será necesario el informe de los Ayuntamientos y autorización de la CC.AA. para la ubicación de instalaciones desmontables sobre las vías pecuarias (actividades de servicio vinculadas al senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados), se sustituye también por la “Declaración Responsable”. Una vuelta atrás, sobre todo en el tema de la circulación motorizada, que tanto daño causa a las vías pecuarias y a todos los caminos públicos.
En tercer lugar las leyes de medidas fiscales y administrativas de i) Andalucía (1999), en cuya Disposición Adicional Segunda permite la desafectación de los tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados urbanos o urbanizables, que hayan adquirido las características de suelo urbano (aquí se encuentra el origen de la pérdida de km de vías pecuarias, la transformación urbanística del espacio por donde discurren éstas).
Eso sí, no plantea mecanismos de compensación de los kilómetros y hectáreas, que se están perdiendo, y se perderán, con esas desafecciones; y ii) Madrid (2013), que ha modificado el artículo 38 de la ley de vías pecuarias de esta CC.AA. Antes, excepcionalmente, se podían dar autorizaciones de ocupación en vía pecuaria por interés público, ahora también por interés privado (art. 38.1).
Estado de los desarrollos normativos autonómicos de la Ley básica 3/95
De las doce CC.AA. que tienen vías pecuarias ocho han desarrollado la Ley 3/95 y cuatro no lo han hecho. Tres han optado por reglamento (Extremadura, Andalucía y La Rioja), cinco por ley (Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y País Valencià) y una, aunque en realidad no es un desarrollo de la Ley 3/95, sino un conjunto de mecanismos de cómo actuar en determinados temas de la gestión de las vías pecuarias, por instrucción (Murcia).
Cataluña y Castilla León elaboraron borradores de Leyes que nunca fueron aprobados. La CC.AA. vasca, aunque para ser precisos hay que hablar de la Diputación Foral de Araba (que es quien tiene las competencias en materia de vías pecuarias), ni siquiera han desarrollado reglamento o ley. En el caso de Murcia creemos que nunca van a elaborar norma alguna, en todo caso regularán algunos aspectos que no molesten mucho a los que roban las vías pecuarias de este territorio histórico.
En 2014 el gobierno aragonés dio comienzo a la modificación de la ley de vías pecuarias, en la que se recorta de forma descarada la participación pública (“simplificar trámites burocráticos” lo llaman ellos). Al día de hoy (enero de 2015) el gobierno de Aragón debe tener otras prioridades dentro del proceso de desmantelamiento ambiental de dicho territorio, y ha ralentizado, por no decir, parado en seco, el proceso de modificación de la ley de vías pecuarias de Aragón (Fuente: Escario, Eva, 2015). En el País Valencià la Ley de vías pecuarias se aprobó el 11/07/2014 con una trampa, por lo que en agosto de 2014 Ecologistes en Acció instó a la institución del Defensor del Pueblo del Estado español a interponer recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley, ya que ésta contempla la posibilidad de asfaltar las vías pecuarias (art. 27.3).
Apoyo del Estado central a la mejora de las vías pecuarias, un proyecto paralizado
Hace 16 años, a principios de 1999, la Administración Central del Estado comenzó un Plan de apoyo a las CC.AA, a través del MAGRAMA, para recuperar las vías pecuarias de la Red Nacional: ayuda económica y técnica, y determinación física y recuperación jurídica, mediante la ejecución de proyectos de clasificación, deslinde, amojonamiento y señalización. Entre 2000-2014 se actuó sobre 3.924,28 km de vías pecuarias, invirtiendo 15.188.441,15 euros, y la firma de 15 convenios que afectaron a 6 CC.AA. y 17 provincias.
Para el periodo 2005-2015 el MAGRAMA programó: actuar sobre 6.000 km de la red estatal; acondicionar las vías pecuarias sobre las que se ha actuado; desarrollo normativo de la Ley 3/95 (deslinde, sanciones y régimen arancelario de las inscripciones registrales); conseguir la declaración de la Red Nacional de Vías Pecuarias como itinerario de Patrimonio Cultural Europeo del Consejo de Europa y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO).
Sin embargo, el brutal ajuste económico aplicado por el gobierno estatal en materia ambiental, y por tanto en materia de vías pecuarias, ha frenado el desarrollo de estas actuaciones
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