La Generalitat suspende el derecho de propiedad de 2.682 vecinos de Tarragona
Miles de vecinos de la localidad tarraconense de Mont-roig del Camp se encuentran en una situación de inseguridad jurídica ya que la Generalitat ha dejado en suspenso el derecho de propiedad sobre 2.682 viviendas como consecuencia de una reclamación, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de su derecho sobre una cañada donde históricamente había pasado ganado.
La zona afectada es la de Miami Playa -fuera del núcleo histórico de Mont-roig-, una extensión de más cuatro kilómetros donde tienen su segunda residencia un gran número de personas procedentes de otros lugares de España, especialmente de Aragón.
Entre las viviendas afectadas por la reclamación de la Generalitat figura la del propio alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, quien ayer explicó a Efe que la situación se creó cuando la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona aprobó, el pasado 16 de junio, el nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal, en el que se recogía una enmienda de la Consejería de Medio Ambiente «en el sentido de incluir la zona afectada como vía pecuaria». Se conocen como vías pecuarias los históricos pasos de trashumancia, que el Gobierno reivindicó por ley en 1995.
Ayer, 300 vecinos a los que se les informó de la suspensión de sus derechos de propiedad sobre sus viviendas, se reunireron en el polideportivo municipal para consensuar una acción conjunta. El alcalde, presente en el encuentro, intentó «calmar los ánimos », según Félix García, uno de los afectados. «Pero no me ha convencido -añadió-, por lo que esperamos arreglarlo por las buenas y que la Generalitat nos dé una solución y, si no, tomaremos medidas legales porque esto afecta al ayuntamiento, a la Generalitat y al Registro Civil, y se tendrán que atener a la ley y aclarar quién nos dio permisos para edificar, por lo que tenemos motivos para tirar por la vía penal».
Según la normativa, no se puede edificar en estas zonas y, además, las comunidades autónomas pueden reclamar su propiedad, tal como ha hecho la Generalitat con la cañada de Mont-roig.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas por Efe reconocen que sobre estas 2.682 viviendas «existe una afectación urbanística de vía pecuaria», aunque hacían un llamamiento para «no caer en alarmismos».
La Generalitat ha creado un grupo de trabajo para tratar de buscar una solución legal al conflicto, que se reunirá el 6 de septiembre. Mientras tanto, los vecinos afectados han constituido una plataforma para reivindicar sus derechos, así como los posibles daños y perjuicios por esta decisión legal. Como primer paso,el próximo jueves se reunirá con el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar.
El alcalde de Mont-roig señaló que ya ha hablado con Baltasar dos veces sobre el asunto, el 5 y el 30 de julio, y que la pretensión de la Consejería es «buscar una salida pasado el mes de agosto». Fuentes de la Consejería indicaron que en la reunión del día 6 se valorarán «todas las posibilidades».
El asunto salió a la luz cuando el matrimonio Kruger, que regentaba un restaurante desde los años 70, inició los trámites de traspaso del local con motivo de su jubilación. Fue entonces cuando los empresarios se dieron cuenta de que no podían venderlo porque su derecho de propiedad sobre el inmueble estaba suspendido.