El sendero transfronterizo GR80 creado en el año 2015 para unir las localidades de Ciudad Rodrigo y Almeida (con la idea de que sea usado principalmente por ciclistas) está siendo víctima de una serie de sabotajes que han llegado a poner en peligro incluso la vida de sus usuarios.
El problema se concentra de forma exclusiva -dentro de los 107 kilómetros que tiene el sendero, de carácter circular- en un tramo de 3-4 kilómetros en el término municipal de Saelices el Chico, donde en una zona determinada los usuarios se han encontrado en el tiempo que lleva el sendero en funcionamiento con varios problemas.
Para empezar, las señales de madera que marcan el sendero GR80 que se pueden encontrar por toda la ruta han desaparecido de esa zona. Ante ello, lo que se ha hecho desde el Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas -entidad promotora del sendero- es pintar en un muro los símbolos distintivos de la ruta. Por otro lado, en varias ocasiones los usuarios se han encontrado cerradas algunas porteras, y en otra ocasión, se han llegado a encontrar arado alrededor de un kilómetro del camino, con lo que no pueden pasar las bicis.
El hecho más grave lo esquivaron de milagro una serie de usuarios a finales del año pasado. Como se puede ver en las imágenes -tomadas por ellos mismos- en una zona de paso del sendero había sido colocado un alambre a la altura del cuello, con el consiguiente riesgo vital para cualquier persona que vaya circulando en bici.
Ese alambre estaba en un punto donde hay una portera canadiense, es decir, una reja en el suelo que permite el paso de personas a pie o en bici, pero que impide el tránsito de animales. Por fortuna, los ciclistas vieron el alambre antes de chocar contra él, comunicando al Consorcio Transfronterizo lo sucedido.
Aunque se desconoce la autoría concreta de los intentos de sabotaje, lo cierto es que estos hechos se han producido en una zona polémica, en el territorio de dos fincas cuyos propietarios rechazan desde el primer día el transcurso del GR80 por allí.
Según se explica desde el Consorcio Transfronterizo, a la hora de diseñar el sendero atendieron a los caminos públicos existentes, por los que cualquier persona puede transitar libremente. En el término municipal de Saelices el Chico, atendiendo al Catastro, se estableció que la zona que está siendo saboteada es un camino público, por lo que se decidió que la ruta pasase por allí, a lo que dio el visto bueno el Ayuntamiento de esa localidad.
Sin embargo, los propietarios de las fincas por donde transcurre ese camino no son de la misma opinión, considerando que esos caminos no son públicos, sino que son de su propiedad, por lo que han emprendido acciones legales (de momento contra el Ayuntamiento de Saelices el Chico, ya que fue quién dio el visto bueno), que podrían derivar en un litigio judicial.
Atendiendo a lo que dice el Catastro y la documentación de que dispone el Consorcio, en el organismo se tiene la plena convicción de que esos caminos son públicos, pero como apuntan desde la entidad, en caso de que un juez llegue a determinar que no lo son, “tiene que haber otros caminos 10 o 15 metros a un lado u a otro”, que también pasarían por esas fincas. Incluso puede darse la circunstancia de que, si el juez determina que los caminos son efectivamente públicos, obligue a los propietarios a vallarlos para separarlos de sus propiedades (con el consiguiente gasto).
Los usuarios que se encontraron el alambre al nivel del cuello han querido dar a conocer públicamente lo ocurrido para que los ciclistas que usan el sendero tengan cuidado a la hora de transitar por esa zona.