El gobierno regional y el Colegio de Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha colaboran en defensa del medioambiente y de los bienes públicos
Hoy se firmó el primer convenio de colaboración entre el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el decano de este Colegio
A través de este convenio se garantizará la integridad de los bienes públicos propiedad de la Consejería, es decir, montes públicos, vías pecuarias, Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, suelos contaminados y de terrenos afectados por un incendio forestal. “Se trata de mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos en todos los actos de compraventa e inscripciones que se puedan realizar en el Registro de la Propiedad” manifestó Martínez Guijarro.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Registro de la Propiedad han iniciado desde hoy una colaboración que supone la defensa de la integridad de los bienes públicos que gestiona la Consejería y, por tanto, la protección y defensa del medio ambiente.
Así lo indicó el consejero José Luis Martínez Guijarro tras la firma del primer convenio de colaboración que en esta materia se ha suscrito con el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha, José Antonio Garvía, a través del cual se intercambiará información entre ambas entidades y se definirán los procedimientos para desarrollar un registro de montes catalogados y otros propiedad de la Junta (destinados al servicio público), de vías pecuarias, espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, suelos contaminados y de terrenos afectados por un incendio forestal.
En concreto, desde la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se pondrá a disposición de los Registradores la base cartográfica digitalizada de que dispone de tal manera que se pueda incrementar un control de la legalidad de los aspectos ambientales de esas propiedades, y en definitiva, “mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos en todos los actos de compraventa e inscripciones que se puedan realizar en el Registro de la Propiedad”.
Para el decano del Colegio de Registradores, este primer convenio significa un gran paso hacia el objetivo final “que es la protección del medio ambiente” por lo que agradeció públicamente al consejero su predisposición para llevar a cabo esta colaboración y, deseó, se vea ampliada en el futuro, tanto en materia de bases de datos como de nuevos programas registrales que surjan para identificación de las fincas.
Como dejaron de manifiesto tanto el consejero como el decano “este convenio supone un gran avance que beneficiará a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma ya que utiliza el Registro de la Propiedad a todos los efectos”.
Defender la propiedad de los bienes públicos
El convenio recoge el intercambio de información tanto en vías pecuarias, que están deslindadas y amojonadas, como de montes de utilidad pública, catalogados como tales. Respecto a las vías pecuarias, el consejero indicó que se trata de un patrimonio histórico de interés cultural y medioambiental, que en la región cuenta con unos 12.500 kilómetros (que afectan a 50.000 hectáreas) de las cuales ya se ha actuado sobre unos 1.600 Km. en cuanto a deslindes y amojonamientos y, como aseguró, en los próximos años se prevé actuar en unos 3.700 Km. de los que ya se tiene la base cartográfica.
En cuanto a los montes de utilidad pública, Martínez Guijarro se refirió a 918 montes que son algo más de 814.000 hectáreas “que también queremos defender por ser de propiedad pública”.
Además este convenio trata de incorporar a los Registros otra información importante para el ciudadano como es la referida a las parcelas que han sufrido un incendio forestal. Como explicó, con la aprobación de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de la región se recoge la prohibición de proceder al cambio de uso forestal del terreno afectado por un incendio, al menos durante 30 años. “Por tanto es imprescindible que se comparta un registro actualizado y fiable que contenga toda la información en ese sentido”.
Asimismo se recogerá toda la información sobre suelos contaminados. En este momento, la Consejería tiene 3.100 expedientes de actividades potencialmente contaminadoras como talleres mecánicos, estaciones de servicio y almacenamiento de combustibles. De tal forma, “si alguien pretende transmitir las parcelas donde están ubicadas estas instalaciones, desde la Administración se debe garantizar la información adecuada para el ciudadano” concluyó el titular de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.