En el estudio, al que ha tenido acceso Madridiario, el Consistorio contempla todos los condicionantes que, a su juicio, impiden legalizar las viviendas de los entre 15.000 y 40.000 habitantes de esta vía pecuaria de 14 kilómetros de extensión y unos 30 metros de ancho que discurre entre Madrid capital, Rivas y Coslada.
El primero de ellos, reza el documento, son las infraestructuras. La Cañada discurre paralela (y cruzándose a la altura de Vicálvaro y Rivas) a la M-50 y las vías del AVE, además de lindar con la M-203, la M-45 y la Radial 3. El Ayuntamiento cita también como condicionante el aeropuerto de Barajas (limitación de altitud), las arterias de abastecimiento de agua del Canal de Isabel II en Rivas, el colector de saneamiento de Vicálvaro, el gasoducto Rivas-Loeches-Alcalá y el oleoducto Loeches-Villaverde, además de los pasillos eléctricos que imponen varias líneas de alta tensión presentes en su recorrido. Según el Consistorio, la concentración de estos elementos ya hace imposible la recalificación de terrenos, ya que la legislación de infraestructuras exige zonas de protección de 8 a 200 metros según el caso para cada elemento.
El segundo argumento que enarbola el Ayuntamiento para oponerse a la ley autonómica es el de las leyes ambientales. En primer lugar, apunta como limitación de cualquier plan urbanístico la ley que regula el Parque Regional del Sureste y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Cortados y Cantiles del Jarama, que lindan con la Cañada en su vertiente este. Suma a estas las vías pecuarias de Coladas de la Torrecilla, Congosto, Valdeculebra, Santísimo y Cordel de Pavones, incluyendo los arroyos de Los Prados, Los Migueles y Los Ahijones. Por último, advierte de la existencia de una zona de exclusión de dos kilómetros alrededor de la incineradora de Valdemingómez (Ley 34/2007 de calidad del aire) y de la necesidad de atender las leyes 37/2003 y RD1367/2007, que impiden niveles de ruido superiores a 65 y 55 decibelios en zonas residenciales próximas a líneas de ferrocarril y carreteras. Aquí, el uso industrial del suelo sería posible; las viviendas, no.
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Con estas limitaciones sobre la mesa (vea aquí el documento de conclusiones), el Consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón advierte que es imposible urbanizar o legalizar construcciones y cumplir a un tiempo la Ley del Suelo vigente, que establece que, por cada 100 metros cuadrados edificables debe haber 30 metros cuadrados de redes locales, 70 de redes generales y un número a definir por cada plan urbanístico de redes supramunicipales. Los servicios públicos (redes de abastecimiento y equipamientos) necesarios sencillamente "no caben", según fuentes municipales.
El tamaño del problema
El Ayuntamiento de Madrid es el que más problemas tiene con la Cañada Real. En su término municipal se ubican en chabolas, infraviviendas, edificios de varios pisos e incluso auténticos chalets en los que viven unas 15.000 personas, de las cuales, según sus cálculos, 3.000 tendrían derecho a realojo. Parte de ellos están incluso empadronados y pagan el IBI.
En el caso de Rivas, el Ayuntamiento reconoce 320 viviendas y 900 personas a las que ha empadronado según obliga la ley. Estos utilizan los servicios sanitarios, educativos y sociales que existen en el municipio. Su propuesta es muy clara, según explicaron sus portavoces a Madridiario: "Derribar las edificaciones ilegales, realojar a las personas con especial necesidad social y devolver a los terrenos su calificación de zona verde". Coslada, sin tener los problemas de exclusión social, marginalidad o seguridad que sí padecen sus vecinos (las viviendas ya están integradas en la ordenación municipal y forman parte de la ciudad), apuesta por una solución integral que incluya sus entre 300 y 400 metros de vía pecuaria. "Es necesario abordar este problema desde la perspectiva de la solidaridad interterritorial, y no como hace la Comunidad de Madrid que no cuenta para nada con la opinión de los municipios afectados", afirmó su alcalde, Ángel Viveros, a este digital.
Además de las cuestiones urbanísticas están las sociales. Madrid, Rivas y Coslada se están planteando llevar la ley de Aguirre al Tribunal Constitucional porque su Gobierno "no se compromete a solucionar los problemas sociales antes de cumplirse el máximo de dos años" establecido en la normativa. Después de ese plazo, la Comunidad podría vender o ceder los terrenos sin haberse resuelto estas situaciones, algo a los que los consistorios se niegan en rotundo. Los tres esperan que el Ejecutivo regional les convoque para modificar la ley en lugar de aprobarla en la Asamblea el próximo 10 de marzo, como está previsto.
No obstante, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afirmó este jueves que el consistorio madrileño no tiene intención de acudir al Constitucional. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Cobo aseguró que las negociaciones con la Comunidad siguen en marcha y que la voluntad del ayuntamiento es "llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas para buscar una solución a un problema que ya tiene muchos años". "Seguiremos buscando el acuerdo y no estamos en una línea de confrontación jurídica ni política con la Comunidad de Madrid", concluyó Cobo.