La Generalitat ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Oropesa por la aprobación de un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contó con el visto bueno de la Consejería de Territorio cuando estaba bajo la dirección de Rafael Blasco. La tramitación de este desarrollo urbanístico, ubicado en la zona conocida como Les Amplàries, entre Torre La Sal y el complejo de Marina d’Or, fue polémica desde el inicio. Ahora, la Generalitat se ha negado a inscribir el programa en el registro autonómico de PAI "por concurrir en el mismo manifiestas causas de ilegalidad".

Antes de presentar la demanda, la Generalitat requirió al Ayuntamiento de Oropesa para que anulara el acuerdo plenario en el que aprobó el programa. Sin embargo, el equipo de gobierno del Consistorio, del PP, se limitó a remitir documentos que ya obraban en el expediente iniciado por la Administración autonómica.

Con la demanda judicial presentada, el tribunal ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Oropesa para que remita el expediente administrativo completo. El desarrollo urbanístico fue adjudicado al grupo Marina d’Or que, de momento, no ha querido comentar la decisión del Consell. Según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, para denegar la inscripción en el registro de programas, como en este caso, "debe existir una ilegalidad manifiesta", es decir, que se aprecie a simple vista que dicho acto es ilegal.

El programa abarca 350.000 metros cuadrados de superficie y afecta a varios camping, así como a un edificio. Durante la tramitación, el equipo de gobierno oropesino aprobó el plan parcial con un informe sobre las vías pecuarias afectadas en el que el propio técnico desvelaba que éste era "menos detallado" que un anterior escrito, tras seguir las "instrucciones" del director territorial de Territorio, Jorge Traver. El desarrollo precisaba, además, de una cédula de urbanización que fue firmada directamente por el director general de Planificación y Ordenación del Territorio, el posteriormente destituido Pedro Grimalt, ya que la comisión técnica de Urbanismo la había denegado en dos ocasiones.

Fuentes del departamento que entonces dirigía Rafael Blasco alegaron la capacidad jurídica que la ley otorga al director general de Planificación y Ordenación del Territorio para justificar su autorización en contra de los criterios técnicos. En cualquier caso, la autorización fue condicionada a la obtención del informe de Costas "con carácter favorable", tal como figura en el documento expedido por Territorio. El informe fue solicitado y, meses después, la dirección general de Costas informó "desfavorablemente" sobre el plan parcial. Esto no hizo que el Ayuntamiento de Oropesa se echara atrás y aceptó como bueno un informe presentado por la propia empresa adjudicataria en el que un catedrático sostenía que el informe de Costas "no tiene carácter vinculante". Con esa conclusión, dos días después, la secretaria accidental del Ayuntamiento avaló la aprobación del PAI asumiendo las conclusiones del informe presentado por la propia empresa y, al día siguiente, el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, dictaminó que las condiciones se habían cumplido y, por tanto, propuso la aprobación definitiva del plan. Así, en mayo de 2006 el Ayuntamiento de Oropesa aprobó, de forma definitiva, un plan que ahora es denunciado por la Generalitat.