Dos centenares de personas que quisieron protagonizar una marcha reivindicativa por el monte se encontraron con la sorpresa de que la entrada a la vía pecuaria que da acceso a un sendero estaba cortada por una valla metálica por la que siempre han entrado a esta finca para después continuar con la marcha hacia el punto sobre el que pedían en esta ocasión la aplicación de un grado de protección ambiental, la zona del Barranco del Lobo y su entorno, El Espartal, Lo Pastor, y Barranco de Muñino.
Al final se quedaron los senderistas a dos palmos de la valla en espera de que llegasen los efectivos de la Guardia Civil de San Miguel para comunicar los hechos, que acabaron con una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de Sierra Escalona (ASE) contra el propietario de los terrenos por el impedimento del acceso a la via pecuaria, una denuncia efectuada por el presidente de este colectivo, Miguel Ángel Pavón, ante el servicio de protección de la naturaleza de la Benemérita, (Seprona) que tuvo que desplazarse desde Guardamar para tomar acta de la infracción.
Paso vedado
La marcha quería discurrir por la vía pecuaria de la vereda del Camino Real, un sendero que atraviesa la zona en su conjunto, incluyendo el sector PAU 21, hasta cuyos límites querían llegar por el trazado de la vía pecuaria y cuya servidumbre de paso estaba vedada.
Los excursionistas que pretendían pasar una jornada reivindicativa en el campo tras un recorrido de 6 kilómetros tuvieron que improvisar y tomar un refrigerio enfrente de la zona vallada, paradógicamente en suelo de una urbanización de nuevo cuño en San Miguel, hasta que llegó el Seprona, se cursó la denuncia y se planteó realizar una ruta alternativa para acceder al barranco por el lado de Rebate.
Estos espacios son objeto de petición por parte de la entidad convocante, para que se incluyan dentro del parque de Sierra Escalona, y son lindantes con el ámbito del polémico PAU 21 de Orihuela, cuyo plan parcial está recurrido por ASE ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La marcha, a la que acudieron representantes de Izquierda Unida de Orihuela, la asociación vecinal de San Miguel y Los Verdes oriolanos, así como residentes del litoral oriolano y urbanizaciones sanmigueleras, tenía como objetivo denunciar que dichas zonas ocupan 12,5 millones de metros cuadrados (1.250 hectáreas) de los términos de San Miguel y Orihuela que se han excluido del futuro parque por la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo.
ASE propuso en sus alegaciones que todas esas zonas, que albergan espacios forestales y agrícolas de gran valor ecológico, se integraran en el parque. El presidente de ASE recordó que sobre este área «planea la amenaza de diversos planes, como el PAU 21 y el 5 de Orihuela, o el PGOU de San Miguel» y que a juicio de Pavón, podrían incluir «más de 10.000 viviendas nuevas y varios campos de golf».
Además, recuerdan desde la plataforma, la zona se vería afectada por el proyecto de transformar la carretera San Miguel-Mil Palmeras (CV-941) «en un vía de alta capacidad para facilitar el acceso a nuevas urbanizaciones promovidas por los Ayuntamientos de dichas localidades» situación que rechazan por el impacto que ocasionan.