JOAN FRAU El plan de gestión de la Serra de Tramuntana que deberá poner en práctica el Consell de Mallorca para cumplir el compromiso adquirido con la UNESCO tras la declaración de la cordillera mallorquina como patrimonio mundial de la humanidad fija como una de las prioridades principales «garantizar la apertura de los caminos públicos y de los privados de uso público de la Serra, con las regulaciones pertinentes para conservar el entorno». De esta forma, la institución insular que abanderó en la pasada legislatura la carrera promocional de la Serra como patrimonio mundial, y que culminó con éxito con la declaración del pasado 27 de junio, tiene la obligación legal de intervenir para dar solución a uno de los problemas que más tensión han provocado en los últimos años entre grupos excursionistas y propietarios.

A pesar de ello, desde algunos sectores proteccionistas y excursionistas se cuestiona la voluntad real de los nuevos gestores del PP en el Consell a la hora de velar por el cumplimiento del objetivo de garantizar la apertura de rutas públicas, teniendo en cuenta que el problema ha persistido, e incluso empeorado, tras estos cuatro años de gobierno de izquierdas. De hecho, el plan de gestión elaborado por el Consell no marca, a diferencia de otras prioridades recogidas en el documento, ningún plazo de tiempo para alcanzar esta finalidad.

Convenios con propietarios

Otro de los objetivos plasmados en el plan de gestión de la Serra de Tramuntana, relacionado con el de la apertura de los caminos, se refiere a «la promoción de convenios ventajosos para los propietarios privados que faciliten el paso de viandantes», una iniciativa marcada como de «prioridad máxima» a desarrollar a lo largo del segundo y el tercer año después de la declaración patrimonial. En este sentido, el concepto de «convenio ventajoso» va más allá de los incentivos económicos y fiscales e incluye la posibilidad de que la Administración ejecute actuaciones de conservación en las fincas que faciliten el paso de personas.

Cabe destacar que los diferentes objetivos contemplados en el plan de gestión son fruto de diferentes sesiones de trabajo en las que participaron más de 50 entidades sociales y culturales de la comarca de la Serra con el fin de lograr un consenso sobre los programas y acciones más prioritarios. Durante las reuniones de trabajo, las entidades participantes destacaron como una de las principales «debilidades» de la cordillera mallorquina el «cierre de fincas y limitación del paso en caminos públicos». Otros problemas son la «dejadez de los antiguos caminos por falta de uso o acumulación de restos vegetales» y la «pérdida» de itinerarios tradicionales que «se deberían preservar».

Gestión de visitantes

Los aspectos relacionados con la apertura de caminos y las ayudas a propietarios están enmarcados en el programa de gestión de visitantes, uno de los cinco grandes ejes que componen la hoja de ruta del Consell para cumplir las prerrogativas de la UNESCO.

La meta principal de este programa es la de «promover un uso recreativo de la Serra respetuoso con el entorno, que tenga en cuenta la capacidad de carga del territorio y la diversidad de usos y que promueva la implicación de la propiedad».
Para ello, se establecen una serie de medidas encaminadas a evitar la masificación en determinados puntos de la montaña como la implementación de un carnet de senderista de la Serra que «permita controlar el número potencial de visitas, así como los seguros de accidentes y rescates».

Asimismo, no se descarta la habilitación de un sistema de reserva previa o el establecimiento de un cupo diario de visitantes en aquellos puntos de mayor fragilidad de la cordillera.

La creación de una red de miradores es otro de los objetivos de la gestión de los visitantes. Se contempla la actualización de los miradores existentes y la subsanación de las deficiencias que tienen algunos de los más visitados, como el mirador del Pi del Colomer. También se pretende crear miradores nuevos en sa Muleta, sa Pedrissa, Llucalcari, la Trapa y Estellencs.

Por otra parte, el plan de transportes contempla el refuerzo del transporte público y la creación de un servicio de vehículos-lanzadera eléctricos con capacidad para 30 o 35 personas que salgan de los núcleos urbanos en dirección a caminos y elementos patrimoniales