Extremadura cuenta con 67.000 kilómetros de caminos públicos rurales. Así escrita, la cifra en frío puede no decir nada, pero si se compara con los 7.941 kilómetros de tramos de carreteras nacionales, regionales, comarcales y locales que atraviesan la comunidad autónoma, uno se puede dar cuenta de lo que representan estas vías de comunicación tan frecuentadas por miles de extremeños a diario.
Su importancia no viene por el número de metros que van sumando sobre el terreno, sino por la función que cumplen en una región eminentemente agrícola y ganadera, de modo que estas pistas de tierra hacen posible el acceso a las fincas, la entrada de la materia prima y la salida de la producción. También el desarrollo de negocios turísticos y de ocio, desde los alojamientos rurales hasta actividades de senderismo, caza, pesca y otros deportes que suponen un alivio para las economías locales y para el conjunto de la región.
Pero su relevancia va todavía más allá, ya que en plena crisis se revelan como una oportunidad a la hora de ofrecer trabajo. Así lo ha visto al menos la Junta, que en breve va a licitar obras en 450 kilómetros de estos caminos.
«Vamos a contribuir con ello al mantenimiento de la obra pública, sobre todo de cara a las empresas más pequeñas y cien por cien extremeñas que están sufriendo de una manera especial la crisis. Si les damos la posibilidad de ser los encargados del arreglo de estos caminos estaremos dando un balón de oxígeno y cumpliendo con ello una función social».
Lo dice el director general de Desarrollo Rural, José Luis Gil Soto, que explica que el dinero con el que se cuenta este año para actuar en estas vías públicas es de unos 14 millones de euros. Seis de ellos los aporta el Estado a través del Ministerio de Agricultura, mientras que se dispone de otros ocho que han llegado a la Administración regional en forma de fondos europeos.
Con esta cantidad no solo se van a arreglar caminos, sino que también se va a dotar de maquinaria nueva a las mancomunidades con el fin de promover el mantenimiento. «Tenemos 67.000 kilómetros de estos caminos y a efectos presupuestarios representan un pozo sin fondo. Tenerlos todos en condiciones es muy difícil, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para asegurar su conservación».
Los caminos en los que se va a actuar se están eligiendo con mucho detalle, teniendo en cuenta la función que prestan desde el punto de vista agropecuario, turístico y de ocio. Con ellos se está redactando un ambicioso plan de infraestructuras que permita mantenerlos en las mejores condiciones posibles.
El desarrollo de los transportes exige desde hace tiempo disponer de una buena red de estas características, una necesidad que ya se vio hace 30 años, cuando el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) empezó a invertir dinero en asfaltarla.
Posteriormente, en 2001, la Junta aprobó la Ley de Caminos Rurales de Extremadura con el fin de protegerlos y asegurar su mantenimiento.
«Hace mucho tiempo que existe conciencia sobre lo que representan. Por ejemplo, hoy en día sería impensable que un trailer no pudiera llegar hasta una finca para cargar cerdos ibéricos, vacas, cabras o cerezas porque no se dispusiera de esta red de caminos y que tuviera que ser el dueño de la finca el que tuviera que desplazarse hasta el punto de venta con la mercancía», explica el director de Desarrollo Rural. Una ventaja que los caminos rurales presentan a la hora de actuar sobre ellos es que hacerlo cuesta menos dinero que si se trabaja en una carretera. En una vía de este tipo son 30.000 euros los que viene a suponer la actuación sobre un solo kilómetro, mucho menos de lo que valdría hacerlo en cualquier otra vía de comunicación.
«Con un kilómetro de carretera se pueden arreglar hasta 15 de camino», asegura Gil Soto, para explicar lo que da de sí el presupuesto en uno y otro caso. Y la diferencia de arreglar el asfalto y el camino.