La denuncia fue puesta por Ecologistas en Accion de Antequera.
Fiscalía envía al juzgado el complejo urbanístico “Valle del Rosario Golf” por presunto delito
Denuncia Fiscalía A24H.-
La Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga, encargada de Delitos contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, ha remitido el pasado día 25 de mayo al Juzgado Decano de Antequera, las diligencias de investigación correspondientes a la denuncia presentada en su día por la Asociación “Ecologistas en Acción-Comarca de Antequera”, en relación a las supuestas serias irregularidades del proyecto de urbanización de la empresa “Valle del Rosario S.L.” –hoy en construcción-, en el municipio de Villanueva del Rosario, y cuya licencia otorgó la corporación aún en funciones. Al considerar que podría haber en estas actuaciones, indicios de presunto Delito Ecológico -tipificado en la Ley Orgánica 10/1995 y L.O. 7/2000 del Código Penal-, el Fiscal de Medio Ambiente D. Fernando Bentabol Manzanares, ha procedido a interponer denuncia contra este proyecto ante el juzgado de Antequera para que, según reza en el escrito remitido por el propio Fiscal a la asociación ecologista, este Juzgado proceda a la “incoación de diligencias previas, por si los hechos (cometidos en Villanueva del Rosario) fuesen constitutivos de un presunto delito Contra la Ordenación del Territorio”.
Recordemos que el pasado 14 de agosto de 2006, Ecologistas en Acción registraba en la Fiscalía de Málaga denuncia contra el proyecto de macrocomplejo urbanístico de golf “Valle del Rosario”, por sus supuestas graves irregularidades urbanísticas y ambientales, que lo pueden convertir en un proyecto de más que dudosa legalidad. Seguidamente, el día 6 de noviembre de 2006, el Fiscal-Coordinador D. Juan B. Calvo-Rubio Burgos, ponía en conocimiento de la asociación ecologista la incoación de Diligencias correspondientes a la referida denuncia.
En los últimos meses, el Fiscal pidió una serie de Diligencias tanto al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario como a la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, solicitando la remisión de los expedientes correspondientes a dichas construcciones. Tras un mutismo absoluto, dada la nula colaboración administrativa a la labor investigadora de la Fiscalía, y transcurrido el plazo máximo admisible de investigación, el caso fue remitido por el Fiscal al Juzgado Decano de Antequera, encontrándose desde el pasado 30 de mayo, en manos del Juzgado de Instrucción nº. 1 de Antequera, quien lo remitirá presumiblemente al Partido Judicial correspondiente, donde se instruirán diligencias previas, para proceder a la investigación pertinente, antes de dictarse sentencia.Este macroproyecto, perteneciente al Grupo Mirador y a la empresa AIFOS -varios de cuyos directivos, recordemos, fueron detenidos por sus implicaciones con el “Caso Malaya”, de Marbella-, consta de la construcción de una gran urbanización, campo de golf, complejo comercial y otras instalaciones, sobre una superficie de 1.754.523 m2, que podría elevar la población en unos 4.679 nuevos residentes.
El complejo urbanístico en construcción, probablemente incumple las Normas Subsidiarias del municipio, cuenta con licencia de obras otorgada de manera supuestamente indebida, contradice los requerimientos del propio arquitecto municipal, e incumple posiblemente los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental, amen de constituir un supuesto Delito Ecológico por la destrucción intencionada de un importante hábitat para la fauna, con gran número de especies protegidas, según los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas, infringiendo las Leyes 4/1989 y 8/2003, de flora y fauna silvestres. Las actuaciones han supuesto la muerte de unas 600 encinas y quejigos –al menos dos rodales no han sobrevivido a las brutales podas y trasplantes-, el solapamiento e invasión de la Vía Pecuaria “Vereda del Camino de Málaga” bajo el vial de la urbanización, y el enterramiento de dos arroyos a lo largo de casi 300 metros, pudiendo muy posiblemente infringir la normativa que protege los Bienes de Dominio Público Hidráulico.