Cuando los senderistas llegaron al punto donde el propietario de la finca Breña del Agua –José Herrera Bernal- ha cortado el paso por este camino público, guardias de una empresa de seguridad uniformados, y otras personas de paisano –auténticos matones- impidieron por la fuerza el paso, intet5ando agredir a varios de los participantes en la marcha y exponiendo de forma intimidatoria perros adiestrados. El hijo del dueño utilizó como único argumento que “por allí no pasábamos porque no le salía de los cojones”.

Ante esta situación un grupo de participantes se trasladó a un carril cercano donde estaba una dotación de la Guardia Civil para exponerle la situación y pedir amparo para garantizar el paso del camino público. La teniente al mando nos informó que habían recibido un escrito del Ayuntamiento de Grazalema informándoles que no estaba claro todavía el trazado del camino a falta de su amojonamiento, hecho insólito si se tiene en cuenta que es Pleno del Ayuntamiento acordó el pasado mes de diciembre la ““aprobación definitiva de la clasificación y catalogación del camino público denominado “Camino de Benamahoma a Zahara” del término municipal de Grazalema, otorgándole el carácter de bien de dominio público adscrito a un uso público, y su inclusión en el Inventario de Bienes de la Corporación Municipal”. Los responsables de la marcha entregaron a la teniente toda la documentación sobre este camino: el acuerdo de Pleno, la publicación en el Boletín Oficial y el plano detallado del mismo. La teniente reconoció la existencia del camino público y nuestro derecho de paso, pero dijo que al estar cerrado no podíamos cortar la alambrada, sino denunciarlo al Juzgado, lo que consideramos insólito, ya que la marcha estaba notificada en tiempo y forma a la Subdelegación del Gobierno como manifestación reivindicativa, y por tanto lo que se estaba haciendo era impedir el derecho constitucional de manifestación por la actitud violenta de un piquete de guardas privados. Pedimos a la Guardia Civil que actuara contra los que impedían nuestro paso, pero el sargento de Grazalema se negó. Hay que resaltar que incluso el sargento de El Bosque se ofreció a acompañarnos todo el camino para evitar incidentes, pero el hijo del propietario se negó, sin que hiciera nada la Guardia Civil.

A la vista de la tensa situación decidimos desistir de pasar por el camino público para no provocar un grave incidente. Posteriormente un grupo de participantes en la marcha se dirigió al Ayuntamiento de Grazalema para pedir explicaciones a la alcaldesa por su actitud. En la Plaza del Ayuntamiento, donde acababa de celebrarse un mitin del PSOE, desplegamos una pancarta reivindicando los caminos públicos. La alcaldesa se acercó para decirnos que ella no había impedido la marcha, a lo que le contestamos que lo que tenía que haber hecho era garantizar su celebración, y no mandar un escrito a la Guardia Civil creando dudas sobre el trazado del camino. Poco después un grupo de miembros del PSOE intentaron agredir a varios concentrados, gritando como posesos, unos se agarraron como lapas a la pancarta para romperla, otros nos amenazaban con un bastón. La Alcaldesa, presente en el incidente, no solo no llamó a la Policía Local para detener a los agresores, sino que nos la mandó a nosotros para pedirnos que abandonáramos la plaza para que la cosa no fuera a mayores.

Mientras, otro grupo de senderistas volvió a la valla que cortaba el camino público, y tras comprobar que se había ido los guardias de seguridad privado, la saltaron y prosiguieron por el camino público sin ningún tipo de incidentes.

Ecologistas en Acción considera gravísimo los sucedido en el día de hoy: que una manifestación legal se vea interrumpida por un grupo de matones contratados por un terrateniente que ha usurpado un camino público, que la Guardia Civil no garantice el derecho de manifestación y que la alcaldesa de Grazalema, en vez de apoyar el libre tránsito por un camino de titularidad municipal, se dedique a sembrar dudas sobre su trazado unos días antes de la marcha para boicotearla.

Ecologistas en Acción emprenderá acciones legales, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, para que se depuren responsabilidades, y pondrá estos hecho en conocimiento del Defensor del Pueblo.