LA GUERRA DE LAS CAÑADAS

La Junta de Andalucía y los agricultores disputan por la posesión de las tierras de los antiguos caminos de trashumancia

Artículo de José Bejarano, publicado en La Vanguardia el 12/09/2006

Agricultores y Junta de Andalucía chocan de nuevo por la posesión de la tierra. Ahora no es aquella vieja aspiración de la reforma agraria, sino el deslinde y recuperación para uso público de 38.000 kilómetros de vías pecuarias que recorren todo el territorio andaluz y que suman la nada desdeñable extensión de 20.000 hectáreas en su mayor parte fértil, aunque también hay suelo urbano. La organización Asaja de Jaén se ha echado a la calle para protestar porque considera un robo del Estado que la Junta pretenda destinar a corredores verdes las antiguas cañadas reales, veredas y cordeles.

La historia de las vías pecuarias es el perfecto ejemplo de la dejadez de las administraciones. O un caso típico que ilustra el viejo dicho hispano según el cual «lo que es de todos no es de nadie» y se lo apropia el primero que lo encuentra. Las vías pecuarias, salvo las excepciones de los rebaños trashumantes, dejaron de tener uso con la progresiva desaparición de los movimientos masivos de ganado. Toda España estaba surcada por una amplia red de caminos, con 124.000 kilómetros de longitud, de tres categorías: cañadas reales (que equivaldrían a las carreteras nacionales), cordeles y veredas, cada uno con su ancho reglamentario (75 metros las cañadas, 37,5 los cordeles y 20,89 las veredas).

Lo que ocurrió después es que los propietarios de las fincas colindantes fueron arañando cada año unos metros a esas tierras hasta incorporarlas a sus propiedades. El resultado final es que cientos de miles de hectáreas de suelo público se evaporaron. Sólo en Andalucía, la Junta estima que los agricultores se benefician irregularmente de unas 160.000 hectáreas, no sólo por explotarlas durante años, sino incluso porque en muchos casos ha habido compraventa de tierras que son de todos.

El problema es que al intentar recuperar esos espacios para uso público despierta los viejos fantasmas rurales de la posesión de la tierra. Casi todos los agricultores plantan cara a la Junta cuando ésta le comunica que ha de modificar sus alambradas y dejar de ocupar un suelo que no le pertenece. Sólo unos pocos lo hacen de forma voluntaria.

Pleitos judiciales os tribunales acumulan cientos de pleitos y en L Jaén, una plataforma de afectados se ha manifestado en defensa de lo que considera que es una agresión contra la propiedad privada. El gerente de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, señala que en su provincia hay unos 20.000 afectados por los deslindes que «ni siquiera Franco se atrevió hacer durante la dictadura». Emilio Vera, de Higuera de Calatrava, es el presidente de la plataforma de afectados y añade que «tan nuestras son estas tierras que figuran en las escrituras y desde hace años pagamos la contribución». Vera posee 300 olivos heredados de su padre, de los que 45 están en la cañada, y concluye que «un olivo es lo más importante que existe. Me pueden quitar la casa y me haré otra, pero para quitarme un olivo de 500 años tendrán que matarme antes».

En los pueblos, sólo los viejos guardan memoria de por dónde discurrían las cañadas y veredas. Lo que no sabían los agricultores es que existe un exhaustivo registro de todos y cada uno de esos caminos, su anchura y lindes. Y que en 1995 se iba a promulgar una ley que impulsaría su recuperación y un programa de la UE para potenciar una red verde llamada Rever Med, con su financiación correspondiente, para conectar todo el arco del Mediterráneo occidental de Portugal a Italia por un pasillo de 10.000 kilómetros destinado al transporte no motorizado. Es decir, para que sea posible recorrer ese territorio en bicicleta. La finalidad es responder a la demanda de espacios abiertos para el ocio y deportes al aire libre y potenciar el turismo rural.

Andalucía aprobó en el 2001 un plan de deslindes para 24.000 kilómetros (de los 38.000 totales) que considera «de alto potencial de uso y factibles de recuperación». Una parte de esos caminos no son recuperables porque ahora son calles de pueblos y ciudades o albergan edificios, aunque la Junta pretende que sean recogidos como suelo público en los PGOU para poder actuar como propietaria a todos los efectos. La Junta se ha puesto un plazo de 21 años para hacer efectiva la recuperación de 24.000 kilómetros.

Hasta el momento se han deslindado y señalizado 4.600 kilómetros en los entornos más cercanos de las ciudades y en espacios como el entorno de Doñana, Sierra Nevada o las bahías de Cádiz y Algeciras. El presupuesto de este año es de 9 millones de euros.