Pese a las protestas, la Junta mantendrá el plan que prevé concluir en 2020
La Junta de Andalucía no está dispuesta a dar ni un paso atrás en la hoja de ruta que tiene establecida para proceder, cuando se alcance el horizonte de 2020, al deslinde de los 24.000 kilómetros de vías pecuarias que pose la Comunidad autónoma. Empecinamiento que está provocando una auténtica rebelión que ha dejado como estela una «lluvia de recursos» de los propietarios de fincas, según admite la propia Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que mantiene la tesis de que existen fórmulas para compatibilizar las vías pecuarias con las fincas y explotaciones.
Fuentes del departamento que dirige el consejero Luis Planas han manifestado a ABC que existe una «reiterada jurisprudencia que ratifica que las actuaciones de la Junta en materia de deslinde de vías pecuarias se han ajustado a derecho». Y frente a quienes exponen las supuestas irregularidades derivadas de la clasificación realizada en 1958, la Consejería subraya que el Tribunal Supremo se refiere a ella en una sentencia como «un acto firme cuya legalidad no cabe discutir ahora».
Si bien la Junta de Andalucía está convencida de que el plan de deslinde de vías pecuarias se ajusta estrictamente a la legalidad, también admite que «los recursos nos llueven», y afirma que Asaja ha elaborado una «plantilla» para que sus afiliados presenten argumentos de disconformidad, «todos idénticos».
Muchos de recursos se han presentado a título individual, y tienen como base la supuesta inexistencia de la vía pecuaria. como es el caso del Camino Viejo de Málaga, motivo de un pleito que se remonta a 2007 y que mantiene contra la Junta el despacho del abogado malagueño José Francisco Santana Peláez.
El plan de deslinde de la Administración andaluza teóricamente deberá concluir en 2020. Son 24.000 kilómetros cuadrados de los que ya se han deslindado unos 9.000, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Emilio Vieira, asesor jurídico de Asaja-Sevilla, señaló por su parte que después de varios años de enfrentamiento en los tribunales, su organización le ha gando a la Junta "prácticamente todos los pleitos por temas de forma, no de fondo, y se han ido declarando caducadas vías pecuarias a patradas. Se han reconocido la caducidad de lso expedientes, y que se deben deslindar a la anchura reducida".
No obstante, Vieira reconoce que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han dicho que las clasificaciones de los años 1957 y 1958 son firmes y no pueden ser revisbles. En base a ello, apunta Vieira que el desenlace de todo este conflicto es «terrible», porque «aunque se gane en la forma, en el fondo sigue existiendo una vía pecuaria que es un dominio público, con una base histórica falsa y con una clasificación hecha manga por hombro».
Y en cualquier caso, afirma que la jurisprudencia lo que ha conseguido, «poco a poco» es in restando capacidad de maniobra a la Administración en lo que se refiere a las vías pecuarias. «Le ha ido diciendo: el expediente sí puede caducar, la vía pecuaria pude prescribir, se tiene que deslindar a la superficie reducida y si se acredita la posesión registral se tiene que ir a un procedimiento civil previo. Y en definitiva —resalta Vieira— el margen de maniobra de la Administración es cada vez más escaso».