MÁLAGA. La ocupación del dominio público hidráulico, el vertido de escombros en los cauces de los arroyos y la captación ilegal de agua se ha saldado con la apertura de 251 expedientes sancionadores en la provincia de Málaga en sólo seis meses. Unas 42 denuncias mensuales que la Cuenca Mediterránea Andaluza está tramitando y que podrían derivar en multas de hasta 30.000 euros.
Málaga es la provincia de la Cuenca Sur donde más denuncias se tramitan cada año. Las más frecuentes son la construcción de muros, la extracción de áridos sin autorización, la ejecución de caminos paralelos a los cauces, el taponamiento de cañadas con el desvío de las aguas, destrozos en la vegetación, el abandono de vehículos en los arroyos y el vertido de escombros.
Todas estas actuaciones implican un serio peligro en el caso de que se produzca una tromba de agua y pueden provocar graves inundaciones como ya ocurrió en Rincón de la Victoria hace tres años. De ahí que las sanciones por este tipo de infracciones puedan llegar hasta los 30.000 euros, si bien las de menor gravedad ascienden únicamente a los 600 euros.
Pero además de la ocupación ilegal del dominio público hidráulico, hay otras infracciones que también son castigadas por la Administración andaluza como la captación ilegal de agua o la apertura de pozos sin contar con la pertinente autorización.
Para detectar estas irregularidades, la Guardería Fluvial cuenta con la estrecha colaboración de los agentes de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para abarcar una superficie total de 18.325 kilómetros en toda la cuenca.
Su función es la de velar por el cumplimiento de la Ley de Aguas que prohíbe edificar cualquier tipo de construcción en los primeros cinco metros desde el arroyo, más conocida como zona de servidumbre. Sí se permiten, con ciertas restricciones y según en qué cauces, construir en la zona de policía que discurre entre el metro cinco y el cien. En este caso la Cuenca Mediterránea Andaluza sólo puede autorizar las actuaciones que no estén previstas en las zonas inundables, es decir en aquellos terrenos que suelen inundarse cada 500 años.
La ocupación ilegal de los ríos y arroyos entraña un grave riesgo para la población en caso de lluvias torrenciales, especialmente en la Costa del Sol donde la transformación urbanística ha sido mucho peor. En concreto, un estudio elaborado por la Junta de Andalucía ha identificado 92 puntos con riesgo de inundación en los núcleos urbanos del litoral malagueño y sobre los que deberán adoptarse medidas correctivas. La mayoría de estas zonas se concentran en la zona oriental, desde la capital hasta Nerja.