La Audiencia de Sevilla cree que el archivo no estuvo motivado y considera que el juzgado no justificó el archivo el pasado mes de marzo de una causa iniciada en 2001.
La lucha de los ecologistas por la supuesta ocupación de vías pecuarias y zonas verdes con varias promociones de viviendas en Lora del Río parecía haber muerto en los juzgados –después de nada menos que nueve años de litigio– el pasado mes de marzo, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 del municipio decretó su archivo. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla en un auto fechado el pasado mes de junio y dado a conocer ayer, anula el sobreseimiento por falta de motivación.
Ecologistas en Acción había interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, por entender que el archivo de las actuaciones no se atenía a derecho, al utilizarse la fórmula “de lo actuado no aparece justificada la perpetración del delito”, no haciéndose constar en el auto “la más mínima referencia a los hechos que se juzgan, ni a los razonamientos jurídicos en que se basa su decisión”, según explicaron ayer.
En este sentido, la Audiencia de Sevilla les da la razón y reprocha al juzgado el no haber “expresado la valoración jurídica que le merecen las cuestiones planteadas, ni valorado la prueba practicada para dar soporte a su decisión”, impidiéndose con ello conocer el motivo por el que dictó el sobreseimiento y “dejando con ello a la parte demandante en una total y absoluta indefensión”.
La denuncia fue interpuesta el 12 de junio de 2003, tras la puesta en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla del expediente elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, atendiendo a la queja elevada por la asociación de Amigos y Usuarios de la Dehesa Matallana de Lora del Río (AMUD) con Ecologistas en Acción en 2001. En ese escrito hacían referencia a la construcción de 50 viviendas sobre el trazado de la Cañada Real del Mármol y 100 entre la Vereda del Descansadero de Valero y suelos calificados como zona verde por el planeamiento vigente entonces, ubicados entre la calle San Vicente y la línea del ferrocarril.
Con anterioridad a la admisión de la queja por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, los conservacionistas se habían dirigido en varias ocasiones al que fuera alcalde del pueblo entonces, Manuel de Jesús Ledro León (PP), poniendo en su conocimiento la situación, “sin obtener respuesta”.
Durante todo este tiempo, más de nueve años desde la denuncia, continuaron las construcciones y las últimas viviendas se entregaron en 2007, algo que los denunciantes recriminaron al actual equipo de gobierno encabezado por Francisco Javier Reinoso (PSOE) por no haber paralizado la intervención, pese a haber escritos de la Consejería de Medio Ambiente advirtiendo de las supuestas irregularidades.