- El Juzgado de lo Contencioso nº14 de Sevilla da la razón a Ecologistas en Acción anulando la autorización de ocupación que otorgó la Junta de Andalucía de la vía pecuaria Vereda del término en Carmona, que tenía previsto hacer un aprovechamiento de los suelos para uso particular, en detrimento del interés general que establece un deber prioritario de conservación de la vía pecuaria.
El Juzgado de lo Contencioso nº 14 de Sevilla da la razón a Ecologistas en Acción en un Expediente de ocupación temporal, por 10 años prorrogables de 6.315 metros cuadrados, de una Vía Pecuaria Vereda del Término en Carmona, con destino a cultivos de olivar en regadio, de la finca colindante La Algabarra, propiedad de Aceites y explotaciones Cortijo Aparicio, S.L.que tiene 179 Hectareas (1.790.000 metros cuadrados).
En la sentencia muy fundamentada, la magistrada estima que “el interés particular para obtener el aprovechamiento de los suelos de la vía pecuaria debe decaer, ante el interés general que establece un deber prioritario de conservación de las vías pecuarias y por consiguiente, el carácter restrictivo que necesariamente deben tener esas ocupaciones, salvo justificación de la excepcionalidad”.
La magistrada además de anular la Resolución del Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que no admitó el recurso de alzada contra la Resolución de la Delegación en Sevilla, condena en costas a la Junta de Andalucia. La sentencia no es firme y la Junta de Andalucía la puede recurrir.
Es la segunda sentencia en este año en un asunto similar. En enero de este mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla anuló otra Resolución similar también en la misma vía pecuaria y municipio, y por el mismo motivo.
Estas autorizaciones de vías pecuarias para el aprovechamiento agropecuario de las mismas, iniciadas en 2016, suceden tras la tradicional ocupación ilegal de las vías pecuarias por los colindantes, la práctica inacción de la Junta de Andalucía incumpliendo sus obligaciones a pesar de las evidencias y denuncias que había interpuesto Ecologistas en Acción el año 2016 y 2017, y la presión de algunas organizaciones agrarias ante las se ha plegado el poder (no) autonómico.
